EL CENTRO ARQUEOLÓGICO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN

CADI DE LA UNAN, MANAGUA.

      CONTEXTUALIZACIÓN

Hasta antes de 1997, la práctica de la arqueología científica nacional estuvo en manos de extranjeros debido a que no existía ningún tipo de formación académica universitaria, a pesar que desde 1923 se establecieron leyes, decretos y normas para la realización de excavaciones arqueológicas y para la prohibición de la compra/venta de objetos arqueológicos.  En los años 60 y 70 esta actividad se desarrolló bajo la responsabilidad y dirección del Instituto Geográfico Nacional.

No fue sino hasta en los primeros años de la década de los 80 con la creación del Ministerio de Cultura y por ende de la Dirección General de Patrimonio Histórico, que se procuró profesionalizar al personal involucrado en la actividad arqueológica desde una perspectiva institucional. Esta profesionalización no fue más allá de la realización de cursos de postgrados o de actualización y capacitación, así como pasantías en proyectos extranjeros dentro de convenios bilaterales con países como Cuba, México, Francia, Suecia, Panamá, etc., estas capacitaciones también se desarrollaron dentro del ámbito nacional.

A principios de la década de los 90s, hasta entonces, Nicaragua contaba únicamente con ocho profesionales de la arqueología en su planilla institucional (INC), cantidad casi nula para las tareas pendientes de hacer con respecto al campo arqueológico.

Nicaragua como el resto de países del mundo necesita, tanto social como científicamente, recuperar, conservar, proteger y difundir su pasado para el fortalecimiento de la identidad cultural que le permita una mejor proyección hacia el futuro. Dentro de ese pasado se localizan algunos sitios y hallazgos de carácter arqueológico, los que mediante prospecciones, excavaciones y de avisos frecuentes de informantes locales, ha venido registrando el Instituto Nicaragüense de Cultura –INC- a través del Departamento de Investigaciones Antropológicas y la Dirección de Patrimonio Cultural.

Dentro del ámbito nacional se cuenta con el conocimiento de una distribución espacial preliminar de una considerable cantidad de sitios arqueológicos en distintas partes del país, mínima en relación al  potencial arqueológico que nuestro país contiene; si nos basamos en la hipótesis que desde tiempo pretérito, nuestro territorio por situarse en el centro del istmo centroamericano, ha sido un paso obligatorio de migraciones humanas en dirección norte – sur, y viceversa.

También es importante resaltar que en el territorio nacional existen muchas zonas y regiones muy ricas arqueológicamente hablando, las que no han sido consideradas para estudios arqueológicos, esto se debió, entre otras cosas, a la falta de apoyo financiero por parte del Estado, a la falta de interés por la gestión que desde la institución rectora de los bienes culturales se tiene, ya que el tratamiento de nuestro patrimonio en general, se encontraba sujeto a la inestabilidad política, característica particular que se vivió durante más de 16 años,  o bien por la falta de interés de quienes elevan las propuestas de estudio ante las autoridades competentes y además, la ausencia de una política y planificación institucional para el tratamiento de los sitios arqueológicos.

                                                                                                     

ANTECEDENTES

Con esta herencia en cuanto a la situación del patrimonio arqueológico, el CADI se dio a la tarea de reflexionar al respecto concluyendo que:

·         La falta de capital humano para enfrentar esta tarea ha traído como consecuencia la pérdida irreparable de muchos datos arqueológicos.

·         La situación de un expolio agresivo de los sitios y con ello, incremento del tráfico de los bienes arqueológicos.

Se considera que con la aprobación de las reformas a la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación, la responsabilidad tendrá que ser compartida, (responsabilidad que ya se viene asumiendo por este centro CADI de la UNAN-Managua en coordinación con el INC).

Los objetivos generales planteados con el surgimiento de la arqueología como carrera  y con ella el Centro Arqueológico, no sólo fueron enfocados a la función formativa y educativa, sino que también con el compromiso social que caracteriza a esta universidad en relación a las necesidades y las carencias existentes en nuestra sociedad, sobretodo, al vacío presente durante los gobiernos liberales en cuanto a medidas para regularizar y proteger todo lo concerniente al patrimonio arqueológico nacional.

Se pretendía además, propiciar desde instancias académicas y gubernamentales el desarrollo de la arqueología nacional; vincular y adaptar a la universidad a las exigencias sociales de profesionales capacitados en el campo de la arqueología, única ciencia capaz de permitir la recuperación del pasado nicaragüense y establecer una sistemática de recuperación y conocimiento del registro arqueológico del país (Romero, 1996: 4).